A partir de la crisis del 2001, la República Argentina quedó imposibilitada de atender los pagos de su deuda pública nacional en los términos contractuales originales, pero comenzó un plan de reestructuración de deuda a fin de normalizar la relación con sus acreedores.
En la actualidad, el pago de la deuda se encuentra en proceso de normalización; situación que se vería afectada con el dictamen final del gobierno nacional para fin de año.
En el año 2004 se logró firmar la normativa necesaria que permitió realizar la primera operación de canje de deuda para “todos los servicios de deuda pública nacional contraída originalmente con anterioridad al 31 de diciembre de 2001”. Una medida unilateral que sería aceptada por algunos de sus acreedores, mayormente personas físicas.
Fuera de ese canje quedarían los denominados no-reestructurados, a saber: 1) los poseedores de títulos de deuda que no acordaron con el gobierno argentino (holdouts y otros), 2) el Club de París y 3) el Fondo Monetario Internacional. Puntos que enlistan las personas ideales y algunas personas físicas, con poder económico y tiempo suficiente para demandar otra solución que no sea la propuesta unilateral de la república en 2004.
En el año 2006 comienza el cumplimiento de pagos pactados según los nuevos términos contractuales definidos en el decreto 1735/04. En resumen, son cinco nuevos instrumentos: cuatro representan la deuda argentina en monedas extranjera (conocidos como cupones y emitidos en pesos -TVPP-, dólares estadounidenses -TVPY-, euros -TVPE- y yenes Japoneses -TVY0-), y el quinto es un instrumento derivado denominado “Valor Negociable Vinculado al PBI”, en relación al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) argentino. Las monedas, además de representar la deuda, exhiben la jurisdicción donde se resolverá cualquier diferencia que pudiese ocurrir.
Los cupones buscan refinanciar 41.800 millones de dólares estadounidenses y pagarían los intereses en ciertas condiciones: a) para el año de referencia, el PBI Real Efectivo supera el Caso Base del PBI, b) para el año el referencia, el crecimiento anual en el PBI Real Efectivo supera la tasa de crecimiento indicada para ese año en el Caso Base del PBI (como referencia para el tenedor, el Caso Base del PBI para 2004 es Ar$275.276,01 millones, medido en pesos de 1993), y, c) el total de los pagos efectuados sobre un Título Vinculado al PBI no supera el límite máximo de pago para ese Título Vinculado al PBI.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) se convierte en un organismo clave para definir el pago o no pago de la deuda pública argentina, dado que es el organismo oficial encargado de realizar los informes necesarios sobre el crecimiento del PBI argentino. Particularmente, el INDEC emplea la “metodología de cálculo de las cuentas nacionales”, que será la que determine cuánto creció el PBI argentino. Para ello se fijó una base de cálculo en relación a los precios del año 1993. Esta base de cálculo se mantuvo desde la emisión de los cupones hasta el 27 de marzo de 2014.
Previo a esa fecha, el 21 de febrero del 2014, el INDEC informa el crecimiento del PBI 2013: un 4,9 por ciento empleando el cálculo de las cuentas nacionales a precios 1993. Un mes después, el 27 de marzo del 2014, el INDEC publica un crecimiento del PBI 2013 del 3 por ciento, empleando el cálculo de las cuentas nacionales a precios 2004.
Aquí comienza el conflicto legal. El motivo es el cambio de año base para calcular el PBI.
El decreto que dio vida a los cupones sostiene que “el INDEC calcula el PBI Real Efectivo utilizando 1993 como el año de precios básicos. Si en cualquier año, el INDEC cambiase el año base para calcular el PBI Real Efectivo, el Caso Base del PBI será ajustado del mismo modo”.
Por otro lado, el conflicto de valores morales surge de los intereses dispares entre los actores involucrados: el gobierno nacional, los acreedores y el pueblo argentino. Los tenedores, tanto argentinos como extranjeros, manifiestan su intención de cobrar ya que ellos accedieron a la reestructuración de la deuda argentina con las condiciones que ésta establece. Por otra parte, tanto el oficialismo como la oposición coinciden en que el país no debe pagar, considerando que el crecimiento del PBI fue insuficiente. Durante el 2007 y 2008 suscitó una cuantía de polémicas, dado que unos pocos actores, mayormente considerados de la oposición, denunciaron la intervención y la manipulación del INDEC, y el supuesto pago de cupones cuando el país no debería haberlo hecho. La aceptación por parte de las mayorías gubernamentales y civiles, sean el gobierno, la justicia y el pueblo, se fundamenta en los actos del arco político oficialista que acompañaron al poder ejecutivo en su nueva política económica sin medir consecuencias. El arco político opositor y la justicia actuaron, pero no llegaron a tiempo ni tuvieron la contundencia necesaria para abaratar los costos económicos y sociales. Otros funcionarios públicos, en provecho del vacío legal, y auxiliados por fructíferos testaferros, obtuvieron sus propios créditos en la compra de bonos. Por último, el pueblo argentino se compone en su mayoría indiferente, dado el amplio desconocimiento y común desinterés al respecto. Esa indiferencia comenzaría a cambiar a partir de los arreglos con Repsol, el Club de París y la resolución judicial con los holdouts y otros tenedores no reestructurados (quienes no aceptan el canje en 2001).
A este conflicto adhiere la voz del entorno mundial, representado por la opinión pública internacional, y a su vez demarcado por los acuerdos que se alcanzaron con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París, y con la resolución con los holdouts. Más allá de las responsabilidades y de las acciones pasadas, surge una nueva polémica mediática por el juicio a los holdouts. Relacionando esta situación a la promesa de pago al Club de París, a Repsol y a la cuestión principal, el pago o no-pago de los cupones según el crecimiento 2013, la situación financiera de Argentina se complicaría en su corto plazo. Simultáneamente, a mediano plazo, el pago también tendría consecuencias para el estado argentino, que pudiendo llegar a conseguir el apoyo financiero por parte de actores internacionales corre el riesgo de conseguirlo a tasas de interés muy elevadas, condenando a la Argentina a un pago excesivo de la deuda externa.
Partiendo del hecho concreto de que el gobierno argentino ya definió el cambio de año base para calcular el crecimiento del PBI, adelantando que no pagará, y que el dictamen se conocerá recién a fin de año, se considera que Argentina estaría ganando tiempo para resolver el pago a los actores no-reestructurados, a expensas de los que ya aceptaron la reestructuración a través de los cupones. Esa sería la estrategia seleccionada por el gobierno para poder postergar y ordenar los plazos de pago. Sea de la deuda que sea: reestructurada o no-reestructurada. Sin embargo, dicha estrategia podría llevar a la Argentina a enfrentar otras sentencias en las jurisdicciones extranjeras que fueron elegidas al momento de emitir los cupones (Estados Unidos, Unión Europea y Japón).
El pago a los holdouts y al Club París podría llevar a la República Argentina a “dibujar” el crecimiento de su PBI, y aunque esta vez el dibujo se acerque más a la realidad económica del país, la propia legislación argentina, mediante el decreto 1735/04, impondría condiciones que en el deber de ser respetadas obligan al gobierno a pagar. En caso de que el gobierno decida no pagar, negando la información técnica necesaria para el cálculo del crecimiento del PBI con la nueva base, o empleando algún otro método, la República Argentina entraría casi automáticamente en una nueva serie de juicios internacionales.
Cabe mencionar que el decreto prevé un artículo sobre el reclamo de pagos previos: “Cualquier variación en el cálculo o compilación del PBI de la Argentina por el INDEC podría producir una disminución en el valor de los Títulos Vinculados al PBI o en su rendimiento. La Argentina no estará obligada a efectuar un ajuste respecto de los montos pagados previamente a los tenedores de los Títulos Vinculados al PBI en razón de los cambios que pudieran incidir en el cálculo del producto bruto interno de la Argentina”. Este párrafo advierte a los actuales reclamos de la oposición respecto a pagos efectuados con anterioridad, como cierta garantía de irretroactividad.
La primera recomendación que surge es que la Argentina emplee una sola base para calcular el crecimiento del PBI en el año 2013, sea la de precios 1993 o la de 2004, respetando la fórmula ofrecida en el decreto 1735/04. De dicha aplicación surgirá si debe o no debe pagar.
La decisión política de no pagar a los tenedores de deuda reestructurada debería ser descartada desde el principio, dado que la Argentina correría un riesgo elevado de ser juzgada en jurisdicciones extranjeras porque así lo definió en las reglas de juego de los cupones. El principio de buena fe internacional, sin ser escrito, vale una regla para todos los estados. Los exhorta al diálogo a través de la honradez y la sinceridad, aunque no sean características de la ley de las finanzas. Se espera, así, de las partes interesadas, capacidad de resolución pacífica y justa en términos de cumplimiento, bajo un entendido y compartido lenguaje moral. Las denuncias y reclamos externos resultan siempre influyentes en las decisiones del gobierno nacional, determinan la vida o muerte de la controversia.
Los tenedores de bonos merecen un punto aparte en el análisis. Sean nacionales o extranjeros, personas físicas o personas ideales, eligieron los cupones como forma de ahorro con una expectativa de suba en el precio de los mismos. Sus intenciones pueden ir desde el ahorro genuino, esperando el interés pactado, hasta la especulación desmedida, calculando tiempos y precios de compra-venta. Los actuales tenedores de cupones se verán en la situación de aceptar la respuesta del gobierno de pagar o no pagar, y es posible que muchos de ellos, principalmente los pequeños o medianos ahorristas argentinos, vendan sus cupones a precios bajos. Por el efecto dominó de las probabilidades, posiblemente aparezcan los oportunistas financieros, que, por estructura y poder económico, podrán comenzar un nuevo juicio contra el estado argentino, análogo al reciente y popular con los holdouts. (11/7/2014)
